lunes, 30 de marzo de 2009

UN LLAMADO URGENTE: GUERRA EN MÉXICO

Por Lydia Cacho


1,- Nuestro amada tierra vive la peor situación de inseguridad de hace casi un siglo. En catorce meses, ha habido más de dos mil setecientas cincuenta ejecuciones. Se han incrementado las violaciones a mujeres por hombres armados, los secuestros, extorsiones, asaltos a mano armada, robos de autos. No hay familia en el estado que no haya sido victima -directa o indirecta- de estos hechos delictivos.

2.- Chihuahua es territorio de impunidad. La violación al estado de derecho constituye una larga cadena de agravios en la que destacan los eslabones del feminicidio, la corrupción política, la falta de rendición de cuentas de los funcionarios públicos de alto nivel y, en el momento actual, la cancelación de facto de las garantías individuales y los derechos humanos producto de la invasión militar al estado.

La oportunidad para resolver estos complejos problemas se dejó pasar: no se hizo nada a tiempo para resolverlos de fondo y, ahora, vivimos en medio de la violencia, la ineptitud e ineficacia de los gobiernos Federal y Estatal.

La militarización ha sido la única estrategia que los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha para resolver la angustiosa situación de inseguridad, y el llamado Operativo Conjunto Chihuahua ha fracasado, pues lejos de reducir las ejecuciones y los delitos federales o del fuero común, parece haberlos acrecentado.

La subordinación de las autoridades civiles a las militares —protegidas por el inadmisible privilegio del fuero castrense— es la evidencia mayor de la cancelación de la división de poderes sin la cual los derechos humanos y las garantías individuales han sido suspendidas contraviniendo la Constitución general de la República. La militarización —no hay duda alguna— pone en grave riesgo la viabilidad de nuestra incipiente democracia.

3.-La crisis económica y social sorprendió a los gobiernos sin capacidad real para encararla porque se han mantenido fieles a los esquemas neoliberales depredadores, generadores de pobreza y atraso. Chihuahua vive una contradicción que denota la existencia de privilegios: en un polo están los dueños del estado, la vieja oligarquía que domina con un discurso empresarial carente de responsabilidad y monopolizadora del poder y la riqueza. En el otro, amplios espacios territoriales que padecen estancamiento que se muestra en cifras de pobreza patrimonial reconocida en el mundo y aquí ocultadas dolosamente.

La economía del campo esta en crisis, el desempleo y la precarización del trabajo son galopantes, los servicios educativos y de salud son de mala calidad y cerrados. Se construyen cifras récord de viviendas para satisfacer el afán de lucro, no para crear espacios dignos que favorezcan la convivencia armónica de las familias.

4.- En este marco, se deja sentir un creciente desinterés por las elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se les ve como ajustes mediante los cuales las altas burocracias de los partidos políticos se dan la oportunidad para repartirse espacios de poder. Buscan auto-representarse, postergando los mas altos y urgentes intereses de la población.

La derecha pretende convertir las elecciones en un plebiscito sancionador de la militarización creciente, excluida de la agenda de los candidatos. Los partidos políticos han dado la espalda al problema, traicionando a las corrientes ciudadanas que los apoyan y no están de acuerdo con el quebranto de la Constitución.

5.- Convencidos de lo anterior, manifestamos que la militarización en curso aprovecha el combate al crimen organizado para cimentar la criminalización de la protesta social. Y, si bien, puede durante un tiempo muy corto, cambiar la percepción de inseguridad de la población, no es eficaz para construir las bases de la paz duradera y de la seguridad a la que aspiramos todos los que vivimos en Chihuahua.

Convencidos de que los derechos humanos son una prerrogativa que eleva la dignidad de las personas y responsabilizando a todos los niveles de gobierno, por el riesgo que padecen los derecho-humanistas, exigimos:

a) El restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de la República y del Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la división de poderes que asegura y garantiza los derechos humanos.

b) Alto inmediato a la militarización —en los hechos es un Estado de sitio— que ha destruido la institucionalidad constitucional, transfiriendo facultades del Congreso de la Unión y de los poderes locales a las fuerzas castrenses, que se escudan en sus fueros y fuerzas para vejar y torturar.

c) Como los soldados ya están en nuestras comunidades, exigimos de los poderes civiles el establecimiento de una hoja de ruta que registre —día a día— la desmilitarización, estableciendo plazos y formas para que el Ejercito regrese a sus cuarteles y se ponga la seguridad en manos de civiles y se creen cuerpos de policía eficientes, profesionales, honrados y confiables. O sea que se cumpla el artículo 21 de la Constitución General, solo que ahora bajo un esquema diseñado y controlado por la sociedad civil a la que convocamos para la generación de alternativas de rescate del estado de derecho.

d) Política de Estado para el combate al crimen organizado y al narcotráfico que contemple todas sus aristas: financieras, lavado de dinero, fiscales, internacionales, tráfico de armas, trata de personas, colusión del poder con la delincuencia, corrupción política, salud y, en fin, diseños de inteligencia que nos demuestren que no tan solo se pretende gobernar al crimen, sino combatirlo de fondo: conteniéndolo, por una parte; y, excluyéndolo drásticamente de todas las esferas de gobierno, por la otra, lo que hoy esta lejos de ser la regla.

e) Aplicación de una política anticrisis para remediar las grandes necesidades sociales que atraviesan al estado de Chihuahua. En particular el establecimiento de la escala móvil de horas de trabajo para combatir el desempleo operado con paros técnicos unilaterales y de un programa emergente de desarrollo social que ha faltado a Chihuahua todos estos años y cuya ausencia ha permitido que se propicien la degradación, drogadicción, la agresión a la cultura y la delincuencia.

Nos comprometemos a iniciar una nueva lucha y crearemos un Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Legalidad que dé cuenta de manera objetiva e independiente de la situación que predomina en nuestro estado en este aspecto, la conteste y la resista con el apoyo social de los ciudadanos.

Abriremos espacios y canales de información para que la sociedad chihuahuense esté al tanto de lo que sucede en este ámbito y pueda presentar sus denuncias y sus opiniones.

Nuestra lucha llegará a todos los rincones del Estado, la capital de la República y las principales metrópolis del mundo a donde llevaremos la noticia de lo que pasa en México y en Chihuahua.

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