jueves, 30 de abril de 2009

México, la ultraderecha contra las mujeres


Los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche aprobaron iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo de otros, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, para modificar la Constitución, bajo el argumento de “proteger la vida desde el momento de la fecundación o la concepción hasta su muerte natural (sic)”.

Estos cambios han ocurrido en los últimos seis meses y hay iniciativas similares en Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí. Los cambios constitucionales, señalan especialistas, se dieron en respuesta a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que no criminaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, como ocurre en países como España, Italia, Francia y Alemania.

En esas naciones, explica el abogado Pedro Morales Aché, no se privilegió el derecho del embrión sobre el de la mujer, se dio un equilibrio entre ambos, tomando en cuenta la evidencia científica.

En México, según el estudio de 2005 de Human Rights Watch Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México, hay un millón de abortos clandestinos en el país. Ipas señala que seis de cada 10 mujeres declararon haber sido violadas alguna vez en su vida.

Por todo ello, señalan feministas y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Católicas por el Derecho a Decidir, integrantes de la Red Nacional que agrupa a 280 organizaciones, los derechos de las mujeres en México van en retroceso, gracias a la complicidad del PRI.

Afirman que el tricolor desconoce su propia historia al alejarse de la tradición laica del Estado y emprender una política contraria a los derechos de las mexicanas.

Las acciones de protesta en varias entidades iniciaron ya. En Sonora, las ciudadanas se ampararon porque el ombudsman local, Jorge Sáenz Félix, no respondió a su petición para solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la reforma aprobada en octubre. En Michoacán, donde esta semana se presentó la iniciativa contra la interrupción legal del embarazo, las organizaciones de mujeres solicitaron el apoyo de feministas dentro y fuera del país. Todas coinciden en que la respuesta ante el avance conservador se dará en las elecciones del 5 de julio.

Hay inconformidad incluso dentro del PRI: en Quintana Roo, la diputada María Hadad votó contra la iniciativa de su partido para criminalizar la práctica y reveló que esas iniciativas son contrarias a los estatutos de su partido.

Las OSC reclaman al PRI: “Se dice socialdemócrata y lo único que hace es incrementar las injusticias y discriminación hacia las mujeres, sin respetar las diversidades sociales. Se dice defensor de las libertades, pero si nos prohíben a las mujeres decidir sobre lo único que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, entonces la libertad queda coartada”.

Cuestionada por este medio, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, respondió que ella siempre “ha sido respetuosa de lo que definen los legisladores locales” y evadió más preguntas, aunque el pasado 12 de marzo declaró en Nicaragua a El Nuevo Diario que los derechos de las mujeres, entre ellos el aborto “no deben ser manipulados políticamente, lo importante es el debate democrático racional”, dijo sobre la penalización del aborto terapéutico en este país.

LA ESTRATEGIA

Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, y el especialista en derechos sexuales y reproducción Pedro Morales Aché, coincidieron en la probabilidad de que quienes han modificado las constituciones estatales pretendan hacerlo con la Ley General de Salud, pues resulta más sencillo que modificar la Constitución.

Eso, dijo Morales Aché, implica contar con la mayoría del Congreso. “La Constitución no puede reformarse automáticamente con el avance de las reformas que protege la vida desde la concepción en 17 estados. Se requiere el apoyo de las dos terceras partes y mayoría del local para que suceda, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución”.

Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del DF, declaró que el artículo 4 de la Constitución, escrito en los años 70, establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.

Por ello, aunque las reformas aprobadas en 11 estados del país protegen la vida desde el momento de la concepción y dan derechos al no nacido para todos los efectos hasta la muerte natural, o aunque en Baja California se prohíba el aborto en cualquiera de sus modalidades y lo castiguen como homicidio calificado, hay que tomar en cuenta y respetar el Artículo 4 constitucional.

En éste se señala que el número y espaciamiento de hijas o hijos que tenga una mujer es un derecho o garantía constitucional, y fue un argumento clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la interrupción legal del embarazo en el DF, dice Bonifaz.

Y advierte: “si con estas 10 reformas aprobadas lo pasan por alto, van a tener problemas en el momento en que se pongan en conflicto los derechos establecidos con esta garantía individual”.

Mujeres clausuraron en Morelos la sede del PRI y se preguntan: “¿Qué negocia el PRI con el PAN y la jerarquía católica? ¿Qué es tan importante, como para usar como moneda los derechos de las mujeres?”

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