viernes, 31 de julio de 2009

Aborto en España Por Gabriela Rodríguez

Nuestra cercanía con España tiene que ver obviamente con el idioma y la religión, dos rasgos culturales que penetraron en la piel y terminaron por imponerse en nuestro continente. Cuando uno transita por las calles de Madrid, la sensación de identidad profunda se siente hasta en el aire. Además, hay que agregar que la presencia indígena latinoamericana está cobrando importancia en la península ibérica, en particular por la creciente tasa de inmigración de población de Ecuador, Colombia, Cuba, Bolivia, Perú y República Dominicana. Pero hay facetas muy distintas en la península, una se expresa en el aborto.

España avanza en congruencia con el Parlamento Europeo, que desde 2001 recomendó proteger la salud reproductiva y el derecho a que el aborto sea legal, seguro y accesible a todas las mujeres, y actualmente los países protegen la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aun con gobiernos de derecha, en un sistema de plazos que va entre las 10 y las 24 semanas.

Los servicios de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) fueron accesibles para las españolas a partir de la ley de despenalización del aborto de 1985, cuando los autoriza: para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o síquica de la embarazada, cuando es consecuencia de violación (12 semanas) y si se presume que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o mentales (hasta 22 semanas de gestación). La primera causal fue la puerta que abrió el derecho a la maternidad voluntaria, toda vez que la salud síquica de una mujer se afecta severamente si se da continuidad a un embarazo no deseado.

La mayor tasa se presenta en mujeres que tienen entre 18 y 37 años, mostrando una tendencia decreciente en las españolas y un incremento de interrupciones entre las inmigrantes, categoría donde están las latinoamericanas, pero también las rumanas, marroquíes, búlgaras y de otros países con patrones sexuales distintos, y con niveles más bajos de escolaridad y mayor pobreza. Las menores de 19 años también presentan una tendencia ascendente de abortos, lo cual se ha relacionado con deficiencias en la educación sexual y en la falta de acceso a anticonceptivos como el de emergencia, el cual requiere receta médica para poder ser adquirido (Información para la Subcomisión Parlamentaria del doctor Guillermo Sánchez, Clínica Dator, Madrid/2008).

Actualmente, el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados ha preparado una nueva iniciativa de ley que busca superar la inequidad en el acceso al servicio de aborto que agrava la vulnerabilidad de jóvenes e inmigrantes, colocar la decisión de la IVE en otras personas (el siquiatra decide si el embarazo afecta la salud síquica), invocar la objeción de conciencia que ha dado lugar a prácticas abusivas de médicos, y el derecho a la interrupción del embarazo en las menores de edad.

La ley de salud reconoce como norma general amplia capacidad a los menores emancipados o con 16 años cumplidos para dar su consentimiento a las intervenciones clínicas; sin embargo, exceptúa de dicha regla la IVE. La nueva iniciativa reconoce a las menores la capacidad para decidir autónomamente a partir de los 16 años, determina que deberá ser escuchada cuando sea mayor de 12 años, y hace un conjunto de recomendaciones: diseñar políticas públicas acordes con las necesidades de los distintos grupos que interrumpen su embarazo, formación en educación afectivo-sexual obligatoria en el sistema educativo, garantizar la prestación de atención de calidad en salud sexual y reproductiva, difundir campañas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, dirigidos en especial a adolescentes e inmigrantes.

Del otro lado del Atlántico hay lógicas distintas. El único territorio latinoamericano (además de Cuba, patrones del socialismo real) donde se ejerce el derecho al aborto legal por decisión de la mujer es el Distrito Federal. Con las mismas creencias católicas y una educación sexual impartida en lengua castellana, el tema está partidizado y polariza al centro capitalino frente al resto del país. En oposición a la ciudad de México, en 13 entidades se dieron pasos atrás en las constituciones locales, al reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción, en lo que fue una estrategia oportunista de los legisladores del PRI para llamar a votar –junto con la jerarquía eclesial y desde los púlpitos– por los candidatos defensores de la vida.

Así que mientras en España se impone una lógica democrática por encima de ideologías partidistas (en Madrid gobierna un alcalde de derecha), el éxito electoral del PRI ha convertido en líderes pro vida a Beatriz Paredes, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, y supongo que hasta Carlos Salinas de Gortari hoy está rezando devotamente para pedir por el alma de los no nacidos.

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